20 Mar Sebastián Astroza y Claudia Hurtado/ La urgencia de renovar el estándar del transporte público regulado del Gran Concepción
19 de marzo/ El Sur/ Sebastián Astroza, investigador CEDEUS, y Claudia Hurtado, ingeniera civil industrial, analizan el estado actual del trasporte público de la ciudad y lo compara con el que posee Santiago, presentando abismales diferencias.
Empezó el año escolar y nuevamente el Gran Concepción se puso a prueba. Los niveles de congestión en diversos puntos de la ciudad tienen este año varias agravantes: aumento del parque automotriz debido a la pandemia, trabajos de infraestructura en calles importantes, el imprevisto que obligó a la suspensión del servicio de Biotrén sobre el Puente Ferroviario del rio Biobío, etc. Sin embargo, el colapso vial también pone en evidencia una realidad permanente: hemos diseñado nuestra ciudad para el uso del automóvil y descuidado el transporte público. Prueba de ello es que la última licitación de transporte público en el Gran Concepción se realizó hace más de 20 años. En esas dos décadas no han ocurrido cambios (mejoras) importantes: se han ido extendiendo plazos e incorporando mínimas regulaciones. Sólo la comuna de Tomé cuenta con un perímetro de exclusión, una alternativa a la licitación que es más ligera, pero que de todas maneras exige mayores condiciones de operación.
¿A qué norte debemos apuntar? Si bien no es perfecto, el estándar del transporte público del Gran Santiago es una referencia válida. Mirar hacia la capital es incómodo para muchos penquistas y en este caso lo es más aún, pues la comparación es demoledora.
En primer lugar, es evidente la mayor asignación de recursos: en el Gran Santiago se cuenta con administración financiera, se proveen recursos para terminales, la flota se ha renovado continuamente y a un mejor estándar (buses eléctricos y con accesibilidad), se ha implementado con éxito el pago electrónico, etc. Pareciera que el Estado ha asumido riesgos financieros más altos en la capital que en nuestra ciudad y, en consecuencia, un operador de transporte público del Gran Concepción asume mayor riesgo financiero que uno del Gran Santiago.
En segundo lugar, los conductores de transporte público trabajan en peores condiciones: no hay exigencias en la regulación sobre área de descanso, alimentación, servicios higiénicos y planes de capacitación. Además, su remuneración no es fija y deben preocuparse de otras funciones adicionales a conducir (como el cobro del pasaje).
En tercer lugar, los sistemas tecnológicos también parecen haberse quedado en el pasado. El sistema de transporte público del Gran Concepción no cuenta con información en línea de GPS, los usuarios no pueden conocer información en tiempo real del servicio, no existen contadores de pasajeros que permita analizar mejor el funcionamiento del sistema y el cobro sigue siendo con efectivo, sin la opción de ser electrónico.
Finalmente, otro punto en deuda es la evaluación de calidad de los servicios. En la regulación del sistema de transporte público del Gran Concepción no se exige a los operadores medir los indicadores de frecuencia, regularidad y puntualidad, ni tampoco se obliga a considerar la calidad de atención al usuario. La información con la que cuentan las autoridades es incompleta, dificultando de sobremanera implementar un sistema de control y sanciones para- en el caso de existir- operadores deficientes.
El transporte público ha sido por décadas el modo de transporte más ocupado en el Gran Concepción y, a diferencia de muchas otras ciudades de nuestro país, su demanda no ha decaído significativamente. Debido a que es un modo de transporte muy eficiente en cuanto a espacio, su fortalecimiento (que sea una alternativa atrayente frente al automóvil particular) es esencial para disminuir los niveles de congestión en la ciudad. Por ejemplo, según las mediciones de la Secretaría de Transporte, sólo el 5% de los vehículos que cruzaron el puente Llacolén en la punta mañana del súper lunes (de la semana pasada) fueron transporte público, pero transportaron al 61% de las personas, justificando con creces la implementación de la vía exclusiva. Si bien existe preocupación de parte de las autoridades de nuestra ciudad para rescatar al transporte público, sus esfuerzos- varios de ellos elogiables, incluido el perímetro de exclusión en Tomé- parecen no ser suficientes. Es urgente renovar el estándar, en todo sentido, del transporte público regulado del Gran Concepción.